Corresponde a los poderes públicos, la inspección, supervisión y evaluación del sistema educativo y a las administraciones públicas ejercer la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial.
La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.
Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza en las Comunidades Autónomas, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que se desarrollan en el artículo 27 de la Constitución.
Corresponde a la Alta Inspección: