Uno de los principios en los que se rige la Ley de Educación consiste en la necesidad de que toda la comunidad educativa colabore para asegurar una educación de calidad con equidad, que exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido.
Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Pero la responsabilidad de su éxito escolar no sólo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica:
Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos. Para ello, nuestro Sistema Educativo cuenta con el Consejo Escolar del Estado como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.
Además, con la intención de recabar información para la mejora del clima escolar en los centros educativos, así como analizar situaciones, hacer diagnósticos y proponer medidas que favorezcan la convivencia escolar se cuenta con el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, órgano colegiado de la Administración General del Estado.
La Ley concibe la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las Administraciones educativas garantizarán la participación activa de la comunidad educativa en las cuestiones relevantes de la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros, fomentando dicha participación especialmente en el caso del alumnado, como parte de su proceso de formación.